Después de 7 años se abre la puerta para que Inés Fernández Ortega, indígena tlapaneca, encuentre justicia por la violación sufrida a manos de militares.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió el caso de Inés Fernández Ortega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 7 de mayo. Fernández Ortega, fue torturada y violada sexualmente por elementos del Ejército mexicano, en el año 2002.

La CIDH envío el caso ante el alto tribunal, luego de que el Estado mexicano incumpliera con las recomendaciones tendientes a reparar el daño de causado a la víctima.

El de Inés, es el segundo caso de México que llega a la Corte Interamericana contra el Ejército, por violaciones a derechos humanos. También es la segunda ocasión en que ese organismo internacional otorga medidas provisionales a organizaciones mexicanas.

Dentro del contexto, el 18 de mayo del presente año, el máximo tribunal de derechos humanos en el continente ordenó medidas provisionales (medidas de protección temporal) para la víctima y sus familiares y otros 100 defensores de derechos humanos, entre ellos los miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), así como para los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas quienes fueron desaparecidos el pasado 13 de febrero y luego ejecutados extrajudicialmente.

La decisión de la Corte obedece a que desde el año 2005, la Comisión Interamericana solicitó al Estado la adopción de medidas de protección a favor de dirigentes e integrantes de la OPIM. No obstante, el gobierno mexicano ha incumplido en la aplicación de dichas medidas, propiciando con ello que persistan las amenazas y actos intimidatorios.

Los hechos descritos se dan en un ambiente de ataques a los defensores de derechos humanos en Guerrero, que ha generado una situación de verdadero temor entre la población y que se ha agravado por los constantes patrullajes y retenes tanto policiacos como militares en la región.

El Centro Internacional y la Justicia Internacional (CEJIL) y Tlachinollan, esperan que el Estado mexicano haga frente a sus obligaciones internacionales, cumpliendo con lo dispuesto por la Corte Interamericana y adopte todas las medidas necesarias, para que los beneficiarios de dichas medidas de protección y los defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero, puedan llevar a cabo su labor en condiciones de seguridad y sin temor a que si vida o su integridad personal se vea afectada.

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