La siguiente información es de Sandra Torres Pastrana y Guadalupe Gómez Quintana publicada en Cimac Noticias periodismo con perspectiva de género el 20 abril de 2009.
El cambio en las constituciones de siete estados de país para dar personalidad jurídica al producto de la concepción y criminalizar el aborto, y la publicación de una Norma Oficial Mexicana que condiciona la interrupción del embarazo a menores de edad víctimas de violación son resultado de la campaña nacional de la derecha para restringir los derechos de las mexicanas.
Es una estrategia planeada y es claro que detrás de la redacción de estas leyes que han sido aprobadas en Baja California, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Puebla y Sonora está un grupo reestructurado de abogados de la ultra derecha mexicana, no los clásicos provida, afirma el abogado Pedro Morales Aché, fundador del Colegio de Bioética AC en México y litigante especializado en temas de salud y derechos humanos.
En todas las iniciativas de ley y las leyes ya aprobadas en ese sentido hay cierta afinidad argumentativa, y tienen que ver con la posición de los ministros conservadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, detalla el también abogado del Grupo de Información en Reproducción Elegida.
Las reformas en los siete estados, señala, más que proteger la vida desde la concepción, pretenden desconocer los derechos de las mujeres para que tengan derechos de segunda categoría y lo que está en juego es cómo el sistema jurídico mexicano caracteriza a las mujeres.
En el mismo sentido corrió el proceso de aprobación y modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, cuya publicación en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 16 de abril, es considerada “un éxito parcial para las mujeres”, en opinión de Rafaela Schiavon, directora de la Organización Internacional IPAS México.
La NOM 046 fue creada para garantizar la adecuada atención a víctimas de violencia sexual, con opciones de anticoncepción de emergencia, interrupción legal del embarazo (ILE), asesoría jurídica y atención psicológica.
El Estado mexicano se comprometió a crearla, a través de un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego del caso Paulina, de 13 años, que fue violada en 1999 y como consecuencia embarazada, a quien las autoridades panistas de Baja California negaron la ILE, como estaba previsto en el Código Penal de la entidad.
Luego de un periodo de cambios y versiones, que dieron como resultado una norma que condiciona la ILE a las menores de edad, la NOM 046, se publicó, ante los señalamientos de organizaciones civiles quienes explican que muchas adolescentes violadas tendrán que contar con la aprobación de sus padres o tutores para interrumpir un embarazo y en no pocas ocasiones el agresor es alguno de éstos. Además, si existen leyes que “defienden” la vida a partir de la fertilización, la anticoncepción de emergencia para víctimas de violación podría estar proscrita.
Es una estrategia planeada y es claro que detrás de la redacción de estas leyes que han sido aprobadas en Baja California, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Puebla y Sonora está un grupo reestructurado de abogados de la ultra derecha mexicana, no los clásicos provida, afirma el abogado Pedro Morales Aché, fundador del Colegio de Bioética AC en México y litigante especializado en temas de salud y derechos humanos.
En todas las iniciativas de ley y las leyes ya aprobadas en ese sentido hay cierta afinidad argumentativa, y tienen que ver con la posición de los ministros conservadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, detalla el también abogado del Grupo de Información en Reproducción Elegida.
Las reformas en los siete estados, señala, más que proteger la vida desde la concepción, pretenden desconocer los derechos de las mujeres para que tengan derechos de segunda categoría y lo que está en juego es cómo el sistema jurídico mexicano caracteriza a las mujeres.
En el mismo sentido corrió el proceso de aprobación y modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, cuya publicación en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 16 de abril, es considerada “un éxito parcial para las mujeres”, en opinión de Rafaela Schiavon, directora de la Organización Internacional IPAS México.
La NOM 046 fue creada para garantizar la adecuada atención a víctimas de violencia sexual, con opciones de anticoncepción de emergencia, interrupción legal del embarazo (ILE), asesoría jurídica y atención psicológica.
El Estado mexicano se comprometió a crearla, a través de un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego del caso Paulina, de 13 años, que fue violada en 1999 y como consecuencia embarazada, a quien las autoridades panistas de Baja California negaron la ILE, como estaba previsto en el Código Penal de la entidad.
Luego de un periodo de cambios y versiones, que dieron como resultado una norma que condiciona la ILE a las menores de edad, la NOM 046, se publicó, ante los señalamientos de organizaciones civiles quienes explican que muchas adolescentes violadas tendrán que contar con la aprobación de sus padres o tutores para interrumpir un embarazo y en no pocas ocasiones el agresor es alguno de éstos. Además, si existen leyes que “defienden” la vida a partir de la fertilización, la anticoncepción de emergencia para víctimas de violación podría estar proscrita.
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